2-4-2009 21:14

Profesores y estudiantes demandan reformar nueva Ley General de Educación

Como una normativa que aplacó y anuló las demandas del movimiento pingüino, inquietudes que iniciaron este debate, y en la que no se consideró la opinión del magisterio, calificaron la nueva ley de educación. En el gobierno aseguran que la discusión no está zanjada.

Lo que comenzó con números artísticos en la Plaza de Armas en Santiago, derivó en serios hechos de violencia a raíz de los apedreos que protagonizó un grupo de encapuchados en contra del presidente del Colegio de Profesores, efectivos policiales y equipos de prensa.

Aún con los desórdenes hubo espacio para el debate y para plantear una vez más el rechazo a la Ley General de Educación que fue totalmente aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados, la que no es bienvenida por estudiantes y profesores.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Federico Huneeus, señaló que el despacho de esta ley constituye una vuelta de espalda a las demandas de la revolución pingüina del 2006, ocasión en la que se realizaron masivas manifestaciones en contra de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que finalmente fue reemplazada por la normativa recién aprobada.

“A nosotros nos preocupa la forma en que el gobierno está llevando adelante los cambios. Hoy el país está discutiendo educación, está haciendo algo porque en el 2006 hubo un movimiento que convenció a un país de hacerlo. Esto no estaba en el programa de Bachelet ni en el de los parlamentarios. Fue la ciudadanía la que empujo para llevar adelante esta discusión. Pero nuevamente tenemos un Parlamento que le da la espalda a los movimientos ciudadanos, que no sabe interpretar el sentir del pueblo chileno y, por lo tanto, corta las posibilidades de un cambio profundo” sentenció el dirigente estudiantil.

Mientras en el centro de Santiago se escuchaban las sirenas de la policía, en La Moneda la vocera de gobierno, Carolina Tohá, señaló que esta nueva ley no cierra el debate sobre el tema de la educación sino viene a ser un paso para terminar con la LOCE que fue dejada sólo horas antes que Augusto Pinochet entregara la banda presidencial.

“Creemos que es importante lo que logró Chile, que es deshacerse de la LOCE que era una piedra en el zapato de los chilenos, pero no pensamos que con la LEGE se terminó la labor en educación”, aseguró la ministra.

Más tarde fue el turno del subsecretario de Educación, Cristián Martínez, quien afirmó que “siempre está abierta la puerta y a lo que queremos invitarlos ahora, con un nuevo modelo de educación, es a que trabajemos en la implementación de esta ley y que se transforme en un gran aporte al sistema educativo”.

Martínez dio a conocer una magra cifra de adhesión al paro convocado por los profesores, indicando que alcanzó sólo al 23 por ciento en todo el país. Pero el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, cifró la convocatoria sobre un 82 por ciento en todo el país.

“Este ha sido un paro exitoso, rotundo e indesmentible, incluso el ministerio de Educación ha tenido que reconocer un 22 por ciento, que nunca reconocía nada, pero está claro que fue un hecho indesmentible”, dijo.

El dirigente de los educadores valoró, eso sí, las palabras de la ministra Tohá en el sentido de que es necesario continuar discutiendo sobre educación, aunque en instancias donde luego se les van a tomar en cuenta sus opiniones, aseveró.

“No podemos hoy día estar minimizando estos movimientos, porque de otra forma significa que no hay espíritu para dialogar y para los cambios. Esto es una lección para el ministerio que tienen que otorgar espacios de participación real, y no meramente figurativos, como es la tendencia que hoy día se ha dado”, señaló el dirigente.

Gajardo reiteró su emplazamiento a cambiar la recién aprobada Ley General de Educación y anunció que acudirán a todas las instancias pertinentes para continuar denunciando las falencias que tiene.

Además, subrayó la molestia con la forma en que el ministerio del sector quiere que funcione la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, labor que aseguró que no puede ser entregada a privados.